Publicado el 19 de Mayo, 2026.
En el contexto actual de 2026, la protección de los derechos de propiedad intelectual se ha vuelto inseparable del estado de derecho en México. Sin embargo, el estudio más reciente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) revela un panorama desafiante: se han identificado 148 mercados notorios de piratería en 30 entidades federativas, localizados en 61 municipios y alcaldías. Estos espacios no son solo puntos de venta, sino focos de erosión económica que afectan directamente a la estructura formal de México.
La piratería en México rebaña el contexto de la informalidad básica para insertarse en establecimientos fijos: el 68% de estos mercados opera dentro de inmuebles completos. Esta normalización del consumo de productos apócrifos genera afectaciones críticas:
Uno de los datos más alarmantes es la pérdida de oportunidades laborales. El estudio señala que la operación de estos mercados genera una disminución del 24% en los empleos formales. Al adquirir productos sin trazabilidad, el consumidor financia indirectamente la pérdida del sustento de miles de familias que dependen de empresas que sí cumplen con sus obligaciones legales.
La piratería no es un delito «sin víctimas». En el 15% de los mercados se han reportado delitos vinculados como robo, riñas, fraude y corrupción. Además, existe un riesgo sanitario real: el 6% de los mercados reporta problemas de salud en consumidores, como enfermedades cutáneas derivadas de cosméticos o medicamentos falsificados.
A nivel internacional, la OCDE ha señalado que el comercio de productos falsificados representa hasta el 2.5% del comercio mundial (OECD/EUIPO, 2021). En México, esfuerzos como la «Operación Limpieza» han logrado asegurar más de 7 millones de unidades de mercancía apócrifa, con un valor superior a los 935 millones de pesos. No obstante, el combate definitivo inicia con la protección legal de la innovación.
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